El PP quiere perder de vista a los nacionalistas en el Congreso de los Diputados, y el PSOE no le hace ascos a la idea. Para ello, están preparando una ley electoral cuyos efectos serán la reducción en la representación de los partidos que sólo se presenten en una comunidad autónoma.
Hablando en plata: no quieren ver grupos vascos y catalanes fuertes de los que dependan votaciones.
Estratégicamente y a corto plazo es una maniobra legítima y efectiva, pues los beneficios no sólo serán en Madrid. Si no se depende tanto de los nacionalistas, en mayor medida PNV y CiU, en Euskadi y Catalunya tampoco habrá que andarse con tanto cuidado, y se podrá hacer una oposición firme sin miedo a nada.
Entiéndase “nada” como “que luego me lo hagan pagar en la política estatal”.
No obstante, socialmente no puede ser una medida peor y, lo más peligroso, más infiel a la realidad. No puede estar bien minimizar la acción de partidos en cuyas circunscripciones son, sin duda, los más votados. Y lo que es peor: otras agrupaciones menores (desde el ERC a NB pasando por el BNG, el CHA o EA) pueden ver una representación que no se corresponde con la realidad.
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